ACTUACIÓN DE LA CSJN
Y SUS SENTENCIAS RELEVANTES


El 20 de Junio de 2006 la Corte dicta el primer pronunciamiento de relevancia en la cuestión. Comienza analizando la competencia, es decir, si puede intervenir o no en el caso, y para ello hace una diferencia fundamental:

1- En cuanto a la pretensión que tiene por objeto la indemnización de los daños individuales de los demandantes (sean estos patrimoniales so extra patrimoniales) que sufren como consecuencia indirecta de la agresión al ambiente, se declara Incompetente, por no ser causa Civil que implique la intervención originaria de la Corte – art. 117 Constitución Nacional- (según los Fallos “Barreto” y “Verga Angela”).

2- Se declara competente en la cuestión colectiva, ya que la mejora o degradación del ambiente perjudica o beneficia a toda la comunidad. Lo cual incluye el daño ambiental futuro, la recomposición de la polución ambiental ya causada y el resarcimiento de los daños colectivos irreversibles.

Luego resuelve sobre otras cuestiones relevantes, ya que considera que no se podía esperar a la sentencia definitiva para activar la actividad pública, ya que la Corte verificó una omisión de larga data del Gobierno de sanear la Cuenca, y la urgencia por los efectos que se seguían a esa omisión.

Por ello resuelve requerir a las empresas demandas informes sobre su actividad y detalles de la misma (como por ejemplo qué tratamiento se les daba a los líquidos que tiraban al rio).

También se intima a los Estados demandados y al COFEMA a que realizan un plan de Saneamiento Integral, que incluya, entre otras cuestiones, un plan de ordenamiento ambiental, educación e información ambiental.

Al mismo tiempo, convoca a audiencia pública dada la relevancia general de la temática, y solicita a la actora que adecue la demanda.

Luego de ello, en Noviembre de 2006, el Congreso de la Nación dicta la Ley Nro. 26.168 se crea la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) como ente de derecho público interjurisdiccional en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Incluso los actores ampliaron la reclamación contra los 14 Municipios donde se extiende la cuenca y contra el CEAMSE (coordinación ecológica del Área Metropolitana Sociedad del Estado).

Luego de ello en el 2007, la Corte, en base a sus facultades ordenatorias, solicitó a la UBA para que informe sobre la cuestión de la Cuenca, y también solicitó a ACUMAR y a los tres estados demandados la obligación de informar sobre el estado de agua, suelo y napas subterráneas a y que la Autoridad de la Cuenca realice un Informe con determinadas cuestiones, como la factibilidad de contar con un presupuesto propio plurianual, el aporte financiero de cada jurisdicción de la cuenca, los traslados poblacionales, los traslados de las Empresas, entre otras cuestiones del saneamiento de la cuenca. Y también se determinó como iba a ser el traslado de la demanda.

Con toda esa información y las contestaciones de demanda es que el 8 de Julio de 2008, resuelve teniendo en cuenta que la recomposición y prevención al ambiente obliga al dictado de decisiones urgentes, definitivas y eficaces, y que se debe dictar una resolución que fije criterios generales pero respetando el ámbito de discrecionalidad de la administración que debe cumplir con los objetivos pero eligiendo el procedimiento, agregando que el objeto decisorio se dirige hacia el futuro.

Luego agrega que dado el carácter definitivo de esta sentencia, su ejecución corresponde a un juez federal de primera instancia para garantizar su control [1]. Pero que el proceso relativo a la reparación del daño continuará ante la CSJN porque no se refiere al futuro sino a la responsabilidad patrimonial por actitudes pasadas. Es decir, que la Corte saca de su órbita la ejecución de la sentencia, a fin de conferir dinamismo y practicidad al cumplimiento.

La eficacia de la implementación de la sentencia requiere un programa que indique:

 A-  un comportamiento con especificación técnica

 B- sujeto obligado al cumplimiento

 C- índices objetivos para el control

En este contexto es que determina que la autoridad obligada es la ACUMAR -sin dejar de lado a las partes demandadas-.

A la ACUMAR le corresponden diversas obligaciones para dar cumplimiento efectivo a la sentencia que en general corresponden a tres objetivos:

 1- Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca

 2- Recomponer el ambiente (aire, suelo, tierra)

 3-  Prevenir los daños futuros.

Lo más importante es que en definitiva se impone una obligación de resultado a través del programa que se debe elaborar por la ACUMAR, cuyo cumplimiento es de responsabilidad de la misma, así como del Poder Ejecutivo Nacional, la Provincia y los Municipios de manera concurrente.

A su vez, la Corte encomendó al Defensor del Pueblo de la Nación  y a determinadas ONG la conformación de un Cuerpo Colegiado para el control del Plan de Saneamiento y de las obligaciones y fallos que la Corte establece en esta sentencia.

Como consecuencia de dicha sentencia, en diciembre de 2009 se elaboró un Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) que sirve como herramienta de gestión y cooperación y que tiene su base en el Plan presentado en 2006.

El alto Tribunal decidió que por la complejidad de la causa y las diversas problemáticas que la misma conlleva sería necesario que la ejecución estuviera a cargo de dos magistrados, quedando el Partido de Avellaneda (junto con otros Municipios) a cargo del Juez Federal en lo Criminal Correccional N° 9 de Morón, Jorge Rodríguez.

En el mismo pronunciamiento, se resolvió al haberse evidenciado en las diferentes audiencias que algunas circunstancias que, por involucrar en muchos casos en forma directa la población en situación de riesgo, exigen una pronta completa solución. Los jueces a cargo de la ejecución deberán entonces:

 Realizar un sistema de medición de la calidad de aire y de agua, detección de conexiones clandestinas de origen industrial, domiciliario cloacal conductos pluviales para vuelco de sustancias contaminantes en los cursos hídricos de la cuenca

Relocalización de barrios de emergencia y asentamientos poblacionales precarios, debiendo instarse el efectivo cumplimiento del plan de relocalización de aquellos que se encuentran ubicados sobre el denominado “camino de sirga”

Controlar el traslado de los vecinos de Villa Inflamable, resguardando su derecho participar en las decisiones que las autoridades encargadas adopten en el curso del proceso de reubicación

 Llevar adelante las obras de la Planta de Tratamiento de Dock Sud

  Implementar una Red de Servicios de Salud y un plan de reconversión Industrial

[1] Con el fin de que las sentencias de esta corte sean lealmente acatadas, debe evitarse por la ACUMAR y todos los Estados demandados, interferencias o intromisiones que frustren la jurisdicción constitucional ejercida en este pronunciamiento.